Hace seis meses entró en vigencia el Decreto 1500 de 2007, el cual busca que la carne obtenga los más altos estándares de calidad y seguridad para el consumo humano.
Hasta el momento se han cerrado en forma gradual 71 plantas de beneficio animal, mientras que 397 han solicitado la autorización sanitaria provisional, lo que les permite seguir funcionando.
Según datos del DANE, en los últimos 12 meses los precios de la carne de res, cerdo y pollo han aumentado en un 18,7%, 12,8% y 2,49% respectivamente. El director del gremio de los empresarios de subproductos de la ganadería, Carlos Gómez Hurtado, afirmó que hubo una disminución del 9% en el sacrificio de animales durante noviembre de 2016 respecto al mismo periodo en 2015, lo que probablemente indicaría “que el sacrificio legal se haya reemplazado por el ilegal, principalmente en municipios pequeños que quedaron sin matadero y muy lejanos de los frigoríficos que están funcionando”.
Por su parte, el Director General del Invima, Javier Humberto Guzmán Cruz, aseguró que “la inspección permanente mejorará en forma muy importante la inocuidad y calidad de la carne”. Según este instituto, las plantas grandres pasarían a pagar alrededor de 110 millones de pesos al año, en lugar de 60 millones, debido a que la inspección debe aumentarse.
“La nueva normatividad sanitaria que el país está implementando busca que las plantas mejoren su infraestructura, sus procesos y tecnología, principalmente en cuartos fríos para que el producto salga refrigerado y acabar con la comercialización de la carne en caliente. Esto último es una práctica que pone en riesgo la salud de los consumidores”, afirmó Guzmán.